Según la denuncia, “el escándalo que salpica al vicepresidente Amado Boudou en torno a sus vínculos con empresarios que oficiarían de testaferros suyos en negocios millonarios con el Estado -que recrudeció gracias a la adquisición de la ex firma Ciccone- no deja de deparar sorpresas día tras día”.

“Gracias al testimonio de la ex mujer de Alejandro Vandenbroele, uno de los supuestos prestanombres de Boudou, se pudo descubrir la punta del ovillo de una trama que hoy ha impulsado una investigación judicial por supuestas negociaciones incompatibles que roza al referido funcionario", indicó el escrito.

La presentación fue efectuada junto al abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten para pedir que se investigue la configuración de los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo (Art. 277 del Código Penal) y enriquecimiento ilícito.

Lijo pidió que se investigue si Boudou sería partícipe de "sospechosas operaciones incompatibles con su función de servidor del pueblo, que lo incriminarían en un surtido de delitos que están siendo investigados por la justicia federal" y también que "de corroborarse que los bienes que se estiman son de su titularidad, testaferros mediante, configuraría el delito previsto y reprimido por el Art. 268 del Código Penal de la Nación".

En la causa, que lleva el número 41999/2012, se mencionan algunos de los hechos que complicarían a Boudou, como la compra de terrenos en el barrio privado denominado "Costa Esmeralda", de Pinamar; su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción "Compañía de Valores Sudamericana S.A" y "London Supply"; y en la locación de un inmueble en Puerto Madero, "amén de contar con suculentas sumas de dinero depositados en cuentas bancarias locales, tales como Banco de la Nación Argentina, Banco Francés, American Express y Citibank", afirma el expediente.

El fiscal Di Lello pidió a Lijo que impulse la causa "contra las personas y empresas mencionadas" en la denuncia y que verifique si "podrían estar involucrados como accionistas y o integrantes de las sociedades".

Solicitó también al magistrado que se ordenen pedidos de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las declaraciones juradas patrimoniales de los denunciados, y resúmenes de movimientos de cuentas bancarias.

Tras esta denuncia, el juez Lijo investigará a Boudou en dos causas paralelas: una por supuesto tráfico de influencias en el caso de la ex imprenta Ciccone y otra por enriquecimiento ilícito.