Esta iniciativa generó opiniones encontradas. En general, fue rechazada por la oposición. Esa postura resultó atendible en quienes ya habían propuesto la constitución de una comisión investigadora, como la Coalición Cívica. En cambio, resultó curiosa la posición de algunos legisladores de izquierda que habíendo votado antes por el juicio político, luego, cuando éste fue postulado por el propio Macri, mudaron ciento ochenta de grados de posición y lo denunciaron como una maniobra del oficialismo.

Elisa Carrió sostuvo que vivíamos en un país extraño: un gobierno pedía que lo destituyeran y la oposición se negaba.
 Es que, en verdad, nunca se dio un  caso similar. El juicio político tiene como finalidad la remoción de los funcionarios enjuiciados y, por lo tanto, lo promueven quienes consideran que deben ser removidos. Nadie pone en marcha un juicio contra sí mismo.           ¿Por qué, entonces, lo promueve el macrismo? Porque entiende que debe dar una respuesta categórica y rápida a la situación creada por el procesamiento del Jefe de Gobierno, habida cuenta que las apelaciones judiciales no serán resueltas con la necesaria celeridad.

Esa posibilidad, en cambio, no se produciría si se creara una comisión investigadora, porque ella no tendría un cometido preciso ni un plazo determinado, permitiendo  que el tema continuara vivo por mucho tiempo y, poniendo, así, un manto de sospecha sobre la conducta de la máxima autoridad porteña.
Es en ese contexto que surgió la idea del "autojuicio".  El jurista y diputado radical Ricardo Gil Lavedra considera que la idea es heterodoxa, que quizás no es la solución ideal, pero que de ninguna manera es inconstitucional. Más aún, entiende que por razones prácticas es conveniente no obstaculizarla, ya que el oficialismo porteño había adoptado esa decisión, a fin de que existiera un ámbito para la averiguación de la verdad, más allá de las investigaciones judiciales.

Hay que aclarar que Macri no se está imputando a sí mismo la comisión de delito alguno o el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, sino que se ve obligado a apelar a este mecanismo para obtener un esclarecimiento rápido y contundente de la verdad y lograr, de tal modo, una especie de voto de confianza.
 Busca deslindar toda responsabilidad política en relación a los hechos que se le imputan y poder, así, seguir gestionando sin tener que debatirse en un clima de permanentes sospechas, a la vez que evita el manoseo incesante al que lo quiere someter el kirchnerismo para esmerilar sus aspiraciones presidenciales, porque advierte que el alcalde porteño se ha convertido en un serio aspirante para ocupar el sillón de Rivadavia en 2011.

Es que a esta altura de los acontecimientos, nadie puede dudar que es el oficialismo de Olivos quien fogonea este tipo de operaciones cada vez que vislumbra la posibilidad de un crecimiento sostenido por  parte de aquellos adversarios (enemigos según la jerga empleada por el matrimonio presidencial) que puedan disputarles con éxito un amplio apoyo popular.
Antecedentes sobran: estas maquinaciones se urdieron contra Enrique Olivera, Elisa Carrió y más recientemente Francisco de Narváez, con suerte diversa, pero mientras tanto, salpicados por infamias goebbelianas (“calumnia, calumnia, que al fin algo queda”) debieron enfrentar actos electorales. Luego, claro está, salió a la luz la verdad, cuando el tiempo desnudó las tropelías cometidas. Pero ya era tarde: esas mendacidades habían conseguido obtener un grado de influencia en un electorado desprevenido y crédulo.

Esto es precisamente contra lo que el ingeniero Macri se rebela y, queriendo evitar ese escarnio, el cual advierte como inexorable, se autodenuncia para  demostrar, siquiera en el plano político, la ausencia de responsabilidad por los hechos que se le atribuyen.
En este punto, pareciera que los seudo adalides de los derechos humanos y las garantías constitucionales han sepultado algunas de ellas, como la presunción de inocencia, obligando a que el ciudadano Macri deba invertir el “onus probandi” y demostrar que no es culpable.
Al día de hoy, nada asegura que el oficialismo cuente con la mayoría necesaria para promover su propio juicio político. Para iniciarlo se requiere de mayoría simple, es decir, más de la mitad de los presentes. Si están los 60 legisladores, es de 31.
Luego, en la Sala Acusadora se exige para que la acusación prospere una mayoría de dos tercios del total de miembros, que la oposición no podría alcanzar.
El tema sigue abierto y seguirá teniendo vigencia por mucho tiempo. Mauricio Macri se juega en él, en buena medida, su futuro político.

¡MAO Y PERÓN… UN SOLO CORAZÓN!.

Hace un tiempo, desde esta columna sostuvimos que nuestra Presidenta había comparado a Obama con Perón. Ahora, con otra mirada ideológica pretende asimilar a Mao con el fundador del Partido Justicialista.
En efecto, en su reciente visita a China, a falta de resultados concretos -ya que no logró que el país oriental retomara las compras de aceite de soja-, la presidenta se dedicó, además del turismo, a dar rienda suelta a su vocación por la oratoria y la docencia.             Así, pretendiendo halagar a los anfitriones pero al mismo tiempo desnudando del modo más elocuente su concepción del poder, la señora de Kirchner lamentó que en la Argentina, a diferencia de lo que ocurre en China, no haya habido un "proyecto político y económico" de larga duración. También sostuvo -lo que sin dudas es un aporte original a la historia de las ideas políticas-que el peronismo y el maoísmo tienen orígenes comunes.
El elogio al "proyecto" chino es llamativo. Más allá de los progresos económicos de las últimas décadas - basados precisamente en la incorporación de ese capitalismo tan denostado, por lo menos en la faz retórica, por el kirchnerismo y sus corifeos, como los intelectuales a sueldo de la Carta Abierta -, el sistema político chino es una cerrada dictadura, sin libertades públicas ni vigencia de los más elementales derechos humanos, esos que los Kirchner alegan defender.
Creer que la perduración en el tiempo de una dictadura es un ejemplo digno de ser seguido refleja a las claras la vocación hegemónica del poder del kirchnerismo. Para quienes creemos en la democracia, por el contrario, son plausibles los avances económicos de China pero altamente censurable su régimen político.
 Por lo demás, el peronismo y el maoísmo tienen orígenes bien distintos. El de éste es el marxismo; el de aquél, el sistema vigente en Italia desde 1922, que se presentaba como la contracara del marxismo. Es decir, la biblia y el calefón. Pero todo es posible en la dimensión oratoria del kirchnerismo.

REVOLUCIÓN DEL PARQUE.

Se cumplieron el pasado 26 de julio, 120 años de la Revolución del Parque, que en lo inmediato provocó la caída del gobierno de Miguel Angel Juárez Celman y, como resultado perdurable, generó la creación de la Unión Cívica Radical, el primer partido político moderno de la Argentina, el más antiguo de la Nación y uno de los primeros de América.
Se trató, claro, hay que decirlo con todas las letras, de una revolución, pero no de un golpe de Estado para imponer una dictadura sino, por el contrario, para promover una verdadera democracia. Recordemos que se vivía entonces en una democracia restringida, de carácter oligárquico.
La Revolución contó con el consentimiento y la participación de numerosos dirigentes, de diversas extracciones, los que se agruparon en la Unión Cívica. Más adelante, como una escisión dentro de este núcleo, nacería la Unión Cívica Radical.
El líder de la Revolución fue una figura extraordinaria, Leandro N. Alem, cuya temprana muerte por propia mano lo rodeó de una aureola de romanticismo. Era Alem un fogoso y brillante orador, un político principista y un demócrata y republicano a carta cabal.           ¿Qué proponían los cívicos? Los unía, sobre todo, la lucha contra el "unicato", como se llamaba entonces a la conducción personalista y autoritaria de Juárez Celman. Querían que rigiera efectivamente la división de poderes, que el sufragio libre y transparente fuera una realidad, que no hubiera corrupción, que se respetara el federalismo.
Son banderas que, lamentablemente, hoy pueden levantarse otra vez.
El legado de Alem fue asumido por su sobrino, Hipólito Yrigoyen, que organizó realmente al partido en todo el país y, veinte años después de la muerte de Alem, lo llevó a la presidencia de la Nación, tras una lucha paciente y muy larga contra el fraude.
El radicalismo se dividió varias veces. La más notoria fue en 1956, entre la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Balbín, y la Unión Cívica Radical Intrasigente, conducida por Frondizi. Luego de la traumática renuncia de Fernando De la Rúa, víctima de un golpe de Estado,  llegó a su piso histórico y muchos le extendían el certificado de defunción.
Pero en los últimos tiempos puede decir, como en el texto literario, "los muertos que vos matáis gozan de buena salud".
Enhorabuena, porque en momentos de zozobra institucional se requiere de un partido que centre su prédica en la defensa de las libertades públicas y de los valores republicanos.
(*) El autor es abogado y periodista